Hace 18 años Venezuela hubo una inflexión política que marcó la realidad del país, la cual hizo posible la aparición de nuevas subjetividades, nuevos contextos, nuevos desafíos y nuevos horizontes cuya expresión más significativa lo representa la Constitución de 1999, cuya producción fue el resultado de un proceso Constituyente. A partir de allí, durante estas dos décadas el país fue habitado, mayoritariamente, por dos miradas diametralmente opuestas que se mantendrán en conflicto permanente, las cuales van desde periodos de alta confrontación verbal, pasando por diferentes procesos electorales, toma del poder por acciones no constitucionales, y las mediciones de fuerza en actos públicos con marchas y contramarchas.

         Estos dos posicionamientos se han mantenido en una permanente confrontación cuya dinámica se resume, por un lado, en un grupo que lucha por mantenerse en el poder y otro que lo hace para desplazar del poder a quienes lo detentan. Esta realidad, por supuesto, se enmarca también dentro un escenario de inflexión mayor en Abya Yala, donde en diversas geografías se experimentan situaciones similares, con las especificidades de cada lugar. Las visiones hegemónicas que históricamente se establecieron en el continente fueron desplazadas del poder dando origen a una nueva hegemonía posicionada desde un discurso de izquierda. Esta nueva configuración sociopolítica también va reacomodar y recrear las fuerzas y alianzas en el continente por medio de nuevos escenarios de integración, pero no sin el contrapeso de los representantes de las históricas hegemonías quienes también se reagrupan y organizan para neutralizar las nuevas miradas, con la anuencia y visto bueno, como era de esperar, de los EE.UU.

         Por todos es conocido, lo acontecido con gobiernos como el de Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil, en los cuales el poder fue retomado por visiones políticas más cónsonas con modelos de corte neoliberales y reaccionarios, en cuyo caso la situación de tensión y confrontación no ha cesado, incluso se ha agudizado, pero no tienen la repercusión mediática internacional que se le asigna a Venezuela. Cabe recordar que en algunos casos esta vuelta al poder se dio bajo manipulaciones jurídicas muy bien ejecutadas, y en otros por vías electorales, debido a un desgaste y desencanto por parte de la ciudadanía de las propuestas de los “gobiernos progresistas”, quienes, a pesar de lograr importantes avances, repitieron los errores que ellos mismos cuestionaban cuando no eran gobierno y no lograron satisfacer las altas expectativas que despertaron en la ciudadanía.

         En las elecciones parlamentarias del 2015 la coalición de los partidos de la oposición venezolana obtuvo la mayoría de los diputados, después de 18 años de hegemonía del partido de gobierno en dicho ámbito, lo cual reconfigura el escenario político de los últimos dos años con un Poder Legislativo opuesto diametralmente al Poder Ejecutivo, generando nuevas tensiones y confrontaciones. A partir de esta nueva configuración del poder político se incorpora a la realidad de conflictos ya enunciados, un desconocimiento mutuo por parte de ambos poderes. La diatriba al respecto es extensa y probablemente en sumo atractiva para juristas y constitucionalistas: un poder legislativo acusa al presidente de abandono de cargo, el ejecutivo desconoce al poder legislativo por desacato, el Tribunal Supremo de Justicia emite polémica sentencia que da poderes al presidente para modificar leyes penales y aclara que diputados no tendrán inmunidad mientras sigan en desacato, y la Fiscal General declara que dicha sentencia constituye. una ruptura del orden constitucional.

        En las dos últimas semanas ambos grupos volvieron a tomar las calles para pulsar sus fuerzas y demostrar con “números” que la verdad e intereses que defienden está legitimada por “la mayoría”. Como era de esperar, dolorosamente la muerte hizo acto de presencia como en ocasiones anteriores, la violencia hizo de las suyas, la destrucción a la propiedad privada y pública no estuvieron ausentes; y las imágenes y videos de “mártires” y de “actos heroicos” agudizan las “enfermedades sociales”, que, cual “virus”, se transmiten de una persona a otra, de una familia a otra, de un grupo a otro, de un “oficialista” a un “opositor”, de un ciudadano a otro, generando una pandemia que nos atemoriza y por otro lado alimenta los odios que, cual demonios, nos habitan y se desatan en una danza de anarquía orgásmica publica y digital..

        El libreto de las responsabilidades sigue pie juntilla lo que ya hemos vivido antes: “nuestros muertos son mártires, los tuyos se lo merecían”, “nuestra violencia es por la paz del país”, “no hay ejercicio desmedido de las fuerzas, hacemos cumplir la constitución”, “los golpistas son ellos, nosotros no”. La naturalización de estos discursos en la diatriba nacional se sustenta en esa creencia de ubicar la violencia siempre del otro lado de la acera en la cual me posiciono, en creer que ser “mayoría” me da derecho a imponerme a las “minorías”, en circunscribir la categoría “pueblo” a quienes piensan sólo como yo para hablar en representación de todo un país, y en sacralizar nuestras acciones en nombre de un “dios” cautivo de miradas parciales y parcializadas de la realidad marcadas por la urdimbre de fundamentalismos tanto  políticos como religiosos.

       Hay una matriz de opinión que se ha ido posicionando en esta coyuntura desde el interior del país, la cual es también alimentada por factores internacionales que sostiene que la salida a la actual situación vendrá dada por un llamado a elecciones generales en el país. La consulta popular ejercida por los ciudadanos a través de elecciones libres y transparentes es un mecanismo fundamental en las democracias contemporáneas que sirven para dirimir las luchas de poder entre los diversos factores que hacen vida en un país; pero cuando los factores que se disputan el poder no se reconocen como adversarios, sino como enemigos, no se reconocen como ciudadanos, sino como “oficialismo”-“oposición”; no se reconocen como interlocutores válidos, sino como amenaza, entonces no hay elecciones por más transparentes y libres que resuelvan situaciones como las que hoy atraviesa Venezuela. Esto ha quedado más que demostrado durante las últimas dos décadas, en las cuales han ocurrido 20 elecciones y en cuyas antesalas se esgrimían los mismos argumentos que hoy escuchamos: las elecciones son la única vía para resolver nuestras diferencias. Los precedentes procesos electorales han desmentido esta afirmación debido a que, en escenarios como los descritos acá, las elecciones son una “solución” sólo para quienes salen favorecidos, los otros se atrincheran en un desconocimiento y descalificación de las autoridades elegidas y el ciclo por expulsar o anular al “enemigo”, a como dé lugar, comienza de nuevo en una macabra danza de nunca terminar

            Si queremos que los mecanismos, para resolver los conflictos socio políticos, de los cuales hoy dispone la democracia funcionen, tales como el dialogo y las elecciones, entonces es un imperativo para los venezolanos replantear nuestra mirada del otro y de la otra, reconocer los fundamentalismos compartidos, reflexionar sobre nuestras actitudes de mutua aversión, repensar nuestros posicionamientos, reconstruir nuestras relaciones con quienes piensan diferente y poner en común nuestra ciudadanía, para finalmente colocar desde la racionalidad acciones concretas que subordinen nuestros intereses individuales a los de toda una nación, aunque ello implique tomar nuevos lugares de enunciación y ser sometidos al escarnio de quienes desean apagar el fuego de Venezuela con gasolina o de quienes lo quieren hacer con un hisopo de agua bendita.

POR EL DERECHO A TRABAJAR EN CONTRA DE  LAS DIFERENCIAS QUE NOS OPRIMEN Y  LAS IGUALDADES QUE NOS ASFIXIAN